Nicolás Casimiro/a tiempo.mx
Morelia, Mich.- Resulta cuando menos sospechosa la alianza que se ha formado para reclamar al actual gobierno estatal de Silvano Aureoles Conejo que liquide todos los adeudos de los gobiernos anteriores respecto del Fondo de Pensiones.
Todo me lleva a pensar que los líderes gremiales y sindicales involucrados persiguen intereses no sólo laborales o económicos, sino también de carácter político electoral. ¿O usted ha visto que en sus manifestaciones se griten consignas en las que se llame a cuentas a los ex gobernadores que desviaron los recursos?
Veamos: El gobernador de Michoacán ha anunciado públicamente que tiene aspiraciones presidenciales y es del dominio público que hacia él existe una profunda animadversión por parte del dueño nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador. Es ahí donde entra el interés de la Sección XVIII de la CNTE, con Víctor Manuel Zavala Hurtado a la cabeza.
Hay señales en el sentido de que ese mismo interés tienen el líder del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas, y la lideresa del SUTASPJEM, Francisca Arias González, mientras que el líder del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, que en las elecciones de 2015 hizo una alianza coyuntural con Silvano Aureoles, pues es realmente priista de corazón.
Así que si algo tienen en común los líderes gremiales y sindicales es, más allá de lo laboral y lo económico, un mismo interés político por socavar a quien ven como obstáculo para sus proyectos electorales. Lo malo es que para lograr sus fines se desquitan con el resto de la población, la que sí trabaja y está realizando actividades productivas.
De ser cierto lo que dice el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, entonces el actual gobierno de Aureoles Conejo ha pagado en resumen 3 mil 800 millones de pesos para el Fondo de Pensiones, y entre estos, 150 millones de pesos destinados a amortizar la deuda de 492 millones de pesos que le heredaron los ex gobernadores Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero.
Es verdad que el adeudo es institucional y, como tal, le corresponderá cubrirlo al mandatario en turno –y debemos exigirle que proceda legalmente contra los responsables-, pero si usted observa, ni Víctor Manuel Zavala, ni Antonio Ferreyra, ni Rogelio Andrade o Francisca Arias, han exigido con la vehemencia que les caracteriza que se haga justicia contra aquellos que desviaron sus aportaciones hasta por un monto de 492 millones de pesos en un lapso de 5 años.
¿Y dónde están ellos? Leonel Godoy apoyando con todo a López Obrador; Fausto Vallejo sigue siendo priista, por lo menos de aquí a diciembre; y, Salvador Jara sigue siendo un neo priista. El simple hecho de que a ellos los líderes gremiales y sindicales no los toquen… me hace sospechar.
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